Washington DC.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de México, así como al ex abogado de El Z-40, a un activista por los derechos humanos y a una persona señalada por traficar personas, por vínculos con el Cártel del Noreste, antes Los Zetas, y por facilitar sus actividades criminales.
A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el gobierno estadunidense aseguró que los casinos ayudan a blanquear fondos.
En tanto, las personas sancionadas "juegan un papel central en avanzar en el dominio criminal del Cártel del Noreste en la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, al apoyar las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión".
Uno de los establecimientos designados es Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA); mientras que el segundo es el Casino Diamante, de Tampico, Tamaulipas.
El gobierno estadunidense afirmó que los casinos permiten el lavado de dinero ilícito para la red criminal, y esconder grandes cantidades de efectivo y de drogas.
Los individuos designados son Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, señalado como jefe de operaciones de tráfico de personas en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Asimismo, el abogado Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, ex líder de Los Zetas y del Cártel del Noreste, mientras estuvo en prisión en México.
Al mismo tiempo, este hombre fungía como intermediario con sus asociados y líderes del cártel aun desde prisión, indicó la autoridad estadunidense.
El último sancionado fue el abogado y activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Según Washington, el activista se encarga de limpiar la imagen pública y apoyar a los miembros del Cártel del Noreste que son arrestados o perseguidos por el gobierno mexicano.